Dos monedas en la misma caja
El bolívar es la moneda de curso legal y el dólar circula en el día a día. En una misma jornada entran efectivo en divisas, transferencias en bolívares, Pago Móvil del sistema bancario y pagos desde cuentas en el exterior. El punto de venta tiene que registrar las cuatro cosas sin obligar al cajero a hacer cuentas. Cada movimiento guarda la moneda real, el importe en bolívares y la tasa oficial del Banco Central de esa fecha. Si eso no se resuelve en la primera pantalla, el cierre del mes se hace a mano reconciliando tres reportes que deberían ser uno.
Un historial que atraviesa tres reconversiones
Al bolívar le quitaron ceros en 2008, en 2018 y en 2021. Un sistema viejo arrastra totales escritos en escalas distintas y, cuando alguien pide una serie de cinco años, los números no se pueden sumar sin convertir antes. Al migrar datos de un ERP heredado o de hojas de cálculo hay que fechar cada importe y dejar trazable a qué escala pertenece; si ese dato ya se perdió, se reconstruye con los libros y se marca como estimado. Y para que un reporte siga teniendo sentido en tres años, el dato se guarda en una unidad estable y se muestra en bolívares al imprimirlo.
Cómo se cobra, cómo se factura y qué impuesto aparece
La propuesta y la factura salen en USD desde nuestras sedes fuera del país. No facturamos en bolívares: la tasa se mueve y un presupuesto en VES envejece entre la propuesta y el cobro. Antes de firmar conviene tener claras dos cosas. Una: la base imponible de los tributos nacionales se expresa en bolívares, así que la conversión a la tasa oficial del día la define tu contador con las normas del SENIAT vigentes. Dos: a los pagos en divisas hechos por sujetos pasivos especiales les puede aplicar el 3 % del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. No damos asesoría tributaria ni legal; sí dejamos el sistema preparado para registrar moneda, tasa e impuesto.
Datos personales: la Constitución sí, la ley general todavía no
El artículo 60 de la Constitución de 1999 reconoce el derecho a la protección de los datos personales. La ley que ese artículo ordena dictar no se ha promulgado: no existe un régimen general ni una autoridad de control a la que acudir. En paralelo rige la Ley Especial contra los Delitos Informáticos de 2001, que castiga el acceso indebido y el daño a datos. Traducido a diseño: permiso por rol, registro fechado de cada acción sensible, respaldos que se prueban y, por contrato, dónde se aloja la información y cuánto tiempo se conserva. Si quien contrata es un ente público o una empresa del Estado, la vía es otra: Registro Nacional de Contratistas, presupuesto en bolívares y tiempos administrativos largos. Eso no depende de nosotros.
Para quién tiene sentido esto
Cadenas de tiendas y distribuidores que importan y venden con precio de reposición en divisas e inventario valorado en bolívares. Plantas de alimentos que necesitan trazar lotes, mermas y rendimientos. Clínicas privadas con historias, agendas y facturación en sistemas que no se hablan. Empresas de servicios que le facturan a la industria petrolera y deben reportar horas, equipos y avances. Proveedores de conectividad que administran abonados, incidencias y cobranza. Se repite un mismo esquema: la operación está en Venezuela y quien firma o libera el pago está en otro país. Eso cambia los documentos, no el trabajo. Antes de firmar verificamos la contraparte contra las listas de sanciones de la OFAC, porque una de nuestras sedes opera en Miami.