Un mercado chico que obliga a mirar afuera
En Uruguay nadie amortiza un sistema solo con el mercado interno. Las empresas que encargan software ya exportan servicios, ya facturan a un cliente extranjero o están a un contrato de hacerlo. Eso cambia el pliego desde la primera línea. Moneda, idioma y zona horaria se configuran, no se hardcodean: abrir un segundo país debería ser un ajuste y no una reescritura. La documentación y los nombres en el código van en inglés cuando el cliente final está afuera, sin cobrar un traductor aparte. Y los reportes se piensan para dos públicos a la vez: el que administra acá en pesos y el directorio que mira el número en dólares.
Zona franca y territorio nacional no juegan con las mismas reglas
Buena parte del negocio uruguayo de servicios corre desde zonas francas: Zonamerica, WTC Free Zone, Parque de las Ciencias, Aguada Park. Una empresa usuaria de zona franca no factura igual que una del territorio nacional, y las obligaciones de registro tampoco coinciden. Cuando el mismo sistema atiende las dos cosas, el error típico es mezclar numeraciones y regímenes en una sola secuencia. Lo evitamos separando por régimen desde el modelo de datos: cada operación sabe dónde se prestó, a quién se facturó, bajo qué reglas y con qué comprobante. Después los reportes salen solos y el cierre deja de ser arqueología.
CFE ante la DGI y papeles que dejan de ser papeles
La DGI exige Comprobantes Fiscales Electrónicos, con IVA básico del 22 %. La pregunta útil no es si el sistema factura, sino si obliga a alguien a digitar dos veces lo mismo. Antes de fijar el alcance preguntamos con qué emitís hoy: el emisor de la DGI, un proveedor privado o un desarrollo propio. Sobre eso diseñamos la salida, para que el comprobante nazca del proceso y quede trazabilidad de cada nota de crédito. Lo mismo corre para las aprobaciones internas: la Ley 18.600 reconoce validez al documento y a la firma electrónicos y la UCE acredita a quienes emiten certificados. Un flujo que termina en una hoja impresa y escaneada todavía no se automatizó.
Datos personales, habeas data y el sello europeo
La Ley 18.331 rige desde 2008 y el Decreto 664/008 creó el registro de bases de datos a cargo de la URCDP. Pide consentimiento expreso, finalidad declarada y seguridad, y habilita a cualquiera a exigir acceso, rectificación o supresión de lo que guardás sobre una persona. También alcanza datos de personas jurídicas cuando las vuelven identificables. Del otro lado, Uruguay adhirió al Convenio 108 por la Ley 19.030 y tiene reconocimiento de adecuación de la Comisión Europea: los datos pueden llegar desde la Unión Europea sin garantías adicionales. En diseño eso es permisos por rol, registro de consultas, constancia del consentimiento, plazos de eliminación y una decisión explícita sobre dónde se aloja todo.
Marketing en un país donde la reputación viaja rápido
El mercado es chico y concentrado: dos o tres referencias mal atendidas se saben enseguida, y bien atendidas también. Por eso el contenido se escribe en español uruguayo, con voseo, y no se disfraza de Buenos Aires ni de Madrid: se nota y resta confianza. Las plataformas de pauta cobran en dólares y el presupuesto se discute en pesos, así que cada informe lleva la moneda y la fecha al lado del número. Medimos costo por contacto y por venta, no impresiones. Y cuando el que compra está afuera, el contenido sale en inglés desde el principio, con su propio hreflang, en vez de traducir a las apuradas lo ya publicado.